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jueves, 19 de marzo de 2015
EL VERDADERO SENTIDO DE LAS REFORMAS ESTRUCTURALES EN MÉXICO
Hacemos una recopilación de varias citas de las propuestas priistas que desencadenaron en un fracaso al ya incorporar al vapor varias Reformas estructurales sin antes ahondar seriamente su aplicación.
Desde hace varios lustros, políticos, analistas, comentaristas y representantes de la iniciativa privada han insistido en forma rimbombante en que hay que realizar “las reformas estructurales que México necesita”.
¿Qué quiere decir esto? Evidentemente existen diversas y opuestas respuestas, pero la que ha prevalecido es aquella impulsada por los medios de comunicación, y que tiene que ver con la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Es decir, el adelgazamiento del Estado, la entrega a la iniciativa privada de las facultades del mismo, darle al mercado el papel principal en la sociedad a través de políticas monetaristas; en fin, se trata de crear una nueva sociedad, cuyos principios y fines tengan como valor fundamental la acumulación de la riqueza.
En este proceso, la Carta Magna ha constituido un serio valladar para —cuando menos en teoría— evitar la aplicación plena del modelo, ya que los principios y la teleología de la Constitución crean un Estado social de derecho, cuyos objetivos se establecen en el marco de la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, a través del apoyo a los campesinos —vía la reforma agraria— y a los obreros, con una legislación proteccionista.
Por eso, las reformas estructurales neoliberales siempre se han quedado a medias, pues chocan abruptamente con la filosofía constitucional. Sin embargo, se han aplicado y el Estado se ha convertido —lamentablemente— en un simple testigo de las luchas de las fuerzas económicas, y sus funciones de control y regulación se han venido disminuyendo; no obstante lo anterior, sigue vigente el texto económico de la Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28.
Al concluir este periodo legislativo de la LXI legislatura, una vez más están en el tapete algunas de estas propuestas con visión dividida, por eso no se aprobará la reforma laboral ni tampoco la fiscal. Cuando estas líneas se publiquen es muy probable que cuando menos en el Senado, la reforma política limitada se habrá convertido en minuta, y en ella se establecen reformas políticas importantes como la fórmula de sustitución del Ejecutivo federal, las candidaturas independientes, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, estas dos últimas las aprobamos la legislatura pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. También se había aprobado la Iniciativa Preferencial del Ejecutivo, pero estaba sujeta a que también se aprobara la eliminación del veto de bolsillo, esto es, que no quede al arbitrio del Ejecutivo federal la publicación de las nuevas leyes, sino que ese poder esté obligado a publicarlas en un término perentorio, y de no ser así, el Congreso de la Unión pueda ordenar de inmediato su publicación para darle su vigencia plena.
Otro de los temas que requiere quizá una reflexión más profunda es la reelección de legisladores, pues las teorías que han apoyado esta reforma se refieren más a la condición política que guardan los diputados de elección directa que los plurinominales.
En cualquier caso, estas reformas nacidas del decálogo calderonista serán útiles y dejan afuera barbaridades jurídicas como la afirmativa ficta, que se daba para el caso de que no se dictaminaran las iniciativas preferentes. Esta propuesta era absolutamente violatoria de la soberanía del Congreso y afortunadamente fue desechada en la propuesta final; también quedaron en el tintero la aprobación del gabinete por parte del Congreso y la segunda vuelta electoral, así como la reelección de los presidentes municipales.
Es bueno que sean aprobadas estas propuestas, pero lo que siempre resulta complicado es el procedimiento, pues al final, una vez que las comisiones aprueban los proyectos y que éstas reflejan las relaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, muchísimos de los legisladores en el pleno no tienen la menor idea de lo que aprueban, lo cual es grave en el caso de reformas constitucionales; claro está que ningún diputado o senador por sí mismo, tiene la capacidad de ser experto en todos los temas, pero sí debería de existir una mayor conciencia de los legisladores que evitaran lo que en el argot parlamentario y beisbolístico se llaman “bolas rápidas”, que no son otra cosa que sorpresas de última hora, que se presentan a los plenos sin estudio y conciencia de la mayoría de sus integrantes.
Las reformas y la brújula del país no pueden, ni deben, ser dictadas por grupúsculos, la representación parlamentaria debe tener mayor injerencia y capacidad de crítica para mejorar nuestro proceso legislativo, y esto sólo se puede lograr con asesores más preparados y con legisladores más activos.
Estamos al final de esta legislatura, y como hemos afirmado en otras ocasiones existe una ley no escrita: a mayor cercanía del proceso federal electoral para elegir al Presidente del República, menor posibilidad para acuerdos parlamentarios.
Las reformas estructurales no pueden, ni deben, ser simples herramientas del sistema neoliberal, menos aún, regidas por una Constitución que mantiene principios distintos, apegados a la historia del pueblo de México.
Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas, sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad, sin lo cual se vuelven sólo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.
El tema del momento en el país son las reformas estructurales: Energética, Fiscal, Financiera y Educativa. La administración federal parece tener mucha prisa en pasar todas las reformas lo más rápido posible, sin importar lo relevante de la secuencia de las mismas. La discusión pública se centra alrededor de éstas y sus consecuencias para el país, en particular en sus perspectivas de desarrollo y crecimiento económico. Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad. Sin lo anterior las reformas se vuelven solo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.
Las reformas estructurales han estado en el centro del debate entre economistas, politólogos y hacedores de políticas públicas en el mundo por al menos dos décadas y los resultados han sido mixtos. Existe evidencia contradictoria sobre el impacto en crecimiento de dichas reformas, países que las han realizado han crecido y otros han seguido igual. De la misma forma países que se han negado a hacerlas han crecido y otros no. De ninguna manera se puede argumentar que las reformas estructurales sean una panacea y mucho menos que expliquen el crecimiento; éste último es quizá el misterio más grande en la ciencia económica.
Esta discusión en el mundo comenzó en gran medida a principios de los años ochenta con las grandes crisis de deuda latinoamericanas y los programas de ajuste estructural (SAPs) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Impulsaban una agenda de disminución en los roles de intervención del estado en la economía. Este ímpetu desregulador en algunos casos necesario, partía de lo que Joseph Stiglitz llama fundamentalismo de mercado; o la idea de que el estado sólo empeora las cosas al intervenir y los mercados son totalmente capaces de autorregularse y mantener una total eficiencia.
La experiencia mexicana en reformas como la energética tal como se plantea no ha sido buena. En lugar de obtener mercados más competitivos se han trasladado meramente de monopolios del estado a monopolios privados que han sido igualmente ineficientes, la diferencia que los privados si han sido más eficientes en la captura de rentas. Manteniendo una economía igualmente concentrada y de baja competencia, este es el caso de Teléfonos de México y de la banca.
Esta falta de interés en la relevancia de la secuencia de las reformas, sumado a la defensa que hacen muchos opinadores y hacedores de políticas públicas sobre la urgencia de las mismas muestra un clara falta de entendimiento sobre el funcionamiento de la economía de mercado. Sobre cómo las reformas institucionales pueden mejorar o empeorar su funcionamiento.
Una economía de mercado presenta muchos problemas de coordinación que surgen de la información asimétrica, pero que van más allá de las fallas de mercado y llegan a problemas de gobierno corporativo, de la acción colectiva y de la infraestructura institucional y legal con la que se cuenta. Sin un claro sistema de impartición de justicia, transparencia en la asignación de contratos públicos, derechos de propiedad fuertes y claros, así como la capacidad para hacerlos valer, una serie de reformas lejos de mejorar la competencia en los mercados pueden disminuirla, corriendo el riesgo de transformar al país en una economía extractora de rentas y no en una economía realmente industrializada.
La estrategia de la administración federal al presentar tantas reformas al mismo tiempo tiene cierta reminiscencia a la terapia de choque impulsada por los SAP en los años ochenta, las cuales lejos de crear condiciones de crecimiento, crearon en la región una década perdida. Una estrategia más orgánica, que permita la adaptabilidad y soporte entre sí de las reformas sería mucho más coherente con el objetivo de lograr crecimiento económico y bienestar.
La creación de una fuerte economía de mercado tiene por necesidad que ser un medio para fines más trascendentes, como mayor equidad, mejoras en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades. A este respecto, grandes economistas de distintas tradiciones, más estatistas o más pro mercado como Keynes, Schumpeter y Hayek, se encontraban de acuerdo: la transformación institucional, y dentro de éste el Estado de Derecho, son necesarios para la existencia de una economía de mercado funcional.
Lo que México ha experimentado durante décadas es un capitalismo de amigos, “cronismo” en su más pura expresión. Reformas como la energética tienen poco sentido si antes no le antecede una reforma fiscal. De la misma forma, estas dos tienen pocas perspectivas de éxito si antes no existe una reforma política y una al sistema de impartición de justicia, que pueda evitar el debilitamiento del Estado, limitando y castigando la corrupción e impidiendo la captura regulatoria que limita el funcionamiento y la operación adecuado del estado en múltiples áreas.
Para poder operar y hacer eficiente la competencia económica con todo lo que implica, hace falta un andamiaje legal e institucional en su sentido más amplio. Las reformas deben apoyarse unas a otras para funcionar. Pretender un funcionamiento sin tener en cuenta esto es construir una casa de naipes, no existen cimientos sólidos para que funcionen correctamente solo para crear incentivos a la extracción de rentas, producto de la debilidad institucional del país.
Parafraseando a Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía en 1972: “Los sistemas de propiedad no son en lo general completamente autoaplicables. Estos dependen para su definición en constelaciones de procedimientos legales, civiles y criminales. La ley no puede ser pensada como sujeta a un sistema de precios, el sistema de precios es incompleto y por esta razón debe ser apoyado en un contrato social.”
Justo en este punto estriba una de las grandes debilidades de México, que repercute en lo económico y en todo lo demás. México tiene un sistema de aplicación legal débil, sus capacidades son limitadas y los procesos de reforma estructural lanzados de forma simultánea incrementan su opacidad, limitando la discusión pública y creando incentivos para el comportamiento extractor de rentas. El contrato social en México en muchos casos no funciona.
Ciertas reformas son muy necesarias en México, sobre todo a cuestiones fundamentales como la aplicación de la ley y el cobro de impuestos. Pero aún si asumimos que las reformas, tales como se plantean, respondieron a un diagnóstico correcto de nuestra economía, el enredo que se crea al tratar de pasarlas de forma rápida y simultánea fomenta un clima propicio para que estas fallen y se repitan los fallos históricos en los procesos de reforma en el país y en el mundo. En términos de cambios institucionales, lo importante es su éxito y capacidad transformadora no su velocidad.
*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Reformas crearan empleos precarios que afectarán a los jovenes con protecciónn social mÃnima: UAM.
Especialistas cuestionan la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Durante los Dialogos Publicos por un Mexico Social, senadores, especialistas y academicos intercambiaron puntos de vista sobre el papel que jugarán las reformas estructurales en temas relacionados con acceso universal a la salud, condiciones laborales actuales, protección a la familia y derecho a la alimentación.
En el diálogo de Derecho al trabajo, la salud, la seguridad y la inclusión socialâ€, el investigador del Departamento de Atención a la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Leal Fernández advirtió que en la actualidad existe un esquema de protección social mÃnimo: Seguro Popular, Seguro de Desempleo, la Pensión Universal; lo que aunado a la reforma laboral va a afectar a los jóvenes por los nuevos tipos de contratación.
Se ofrecen reformas estructurales que van a traer beneficios, pero al final solamente crearán empleos precarios “de cuatro mil pesos mensualesâ€, advirtió ante legisladores. Respecto de una probable reforma al sector salud, dijo que se trata de una propuesta inviable, que restringe derechos; es decir, “lo que están haciendo es imponer una agenda financiera al sector salud y de la seguridad social sin escuchar a nadieâ€.
“Ustedes no tienen una agenda a la altura de lo que un ciudadano mexicano requiere en este momento en materia de salud y seguridad social y estamos ante un reto de mucho calibre, y esperemos que haya tiempo para re-diagnosticar los problemas estructurales de la economÃa mexicanaâ€, apuntó Leal Fernández.
El director general de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular, Javier Lozano Herrera, informó que se ha desarrollado una agenda de reformas de manera conjunta entre las secretarÃas de Salud y de Hacienda y con los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encaminada a crear un sistema nacional de salud universal.
Uno de los objetivos, precisó, es la creación de una nueva Ley General de Salud, donde se precise y fortalezca la rectorÃa sectorial y se definan las competencias de la Federación y las entidades federativas en este tema.
Coinciden en que la Cruzada contra el hambre no acabará con este problema
Posteriormente, en el Diálogo “Protección a la Familia y Derecho a la Alimentaciónâ€, la senadora Lorena Cuellar Cisneros comentó que la Cruzada Nacional contra el Hambre se ha presentado mediáticamente como una estrategia integral de inclusión y de bienestar social; sin embargo en los hechos ocurre otra cosa puesto que se trata de una polÃtica focalizada, no es universal y tiene “un marcado carácter asistencialistaâ€.
Ello --subrayó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática-- ha provocado que distintos sectores de la sociedad manifiesten a lo largo del paÃs su inconformidad por el presunto manejo con fines polÃtico-electorales de este programa del gobierno federal.
El costo a la larga es mayor que la inversión que se genera, debido a las enfermedades crónico-degenerativas que produce la mala calidad de alimentación, promovida por este tipo de negocios.
Para Abelardo Ãvila Curiel, del Instituto Nacional de Nutrición, el derecho a la alimentación se diluyó en una serie de aspectos de legitimación del Estado, de proyectos sexenales o personales, donde las transferencias económicas y la asistencia alimentaria directa se transformó en el eje de actuar de las administraciones públicas.
Se diluyó el problema del hambre al ampliar a grandes conceptos sus objetivos; es decir, se habla de millones de pesos que se gastarán, pero en la realidad no se mejoran las condiciones de la población por el hecho de estar recibiendo este tipo de apoyos, precisó.
MarÃa de Jesús Santiago Cruz, investigadora del Posgrado de EconomÃa, manifestó que no es suficiente con entregar una canasta básica para satisfacer en ese momento una necesidad de las personas, sino contar con una visión integral de largo plazo que busque solucionar de fondo el problema del hambre.
La falta de coordinación ha disminuido los resultados en los programas de desarrollo rural, de ahà la necesidad de que el Senado implemente ideas innovadoras que permitan coordinar a las instancias que participan en la solución del problema del hambre.
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