CONSEJO NACIONAL DE ORGANIZACIONES
APN es una organización plural de defensa y gestión social de los intereses fundamentales de la sociedad mexicana por lo que apoyaremos a las personas y organizaciones que formen parte de la APN, en todo lo relacionado con la planeación, financiamiento y ejecución de proyectos de integración social, así como en la implementación y el desarrollo de programas productivos
Hacemos una recopilación de varias citas de las propuestas priistas que desencadenaron en un fracaso al ya incorporar al vapor varias Reformas estructurales sin antes ahondar seriamente su aplicación.
Desde hace varios lustros, políticos, analistas, comentaristas y representantes de la iniciativa privada han insistido en forma rimbombante en que hay que realizar “las reformas estructurales que México necesita”.
¿Qué quiere decir esto? Evidentemente existen diversas y opuestas respuestas, pero la que ha prevalecido es aquella impulsada por los medios de comunicación, y que tiene que ver con la aplicación a rajatabla del modelo neoliberal. Es decir, el adelgazamiento del Estado, la entrega a la iniciativa privada de las facultades del mismo, darle al mercado el papel principal en la sociedad a través de políticas monetaristas; en fin, se trata de crear una nueva sociedad, cuyos principios y fines tengan como valor fundamental la acumulación de la riqueza.
En este proceso, la Carta Magna ha constituido un serio valladar para —cuando menos en teoría— evitar la aplicación plena del modelo, ya que los principios y la teleología de la Constitución crean un Estado social de derecho, cuyos objetivos se establecen en el marco de la justicia social y la distribución equitativa de la riqueza, a través del apoyo a los campesinos —vía la reforma agraria— y a los obreros, con una legislación proteccionista.
Por eso, las reformas estructurales neoliberales siempre se han quedado a medias, pues chocan abruptamente con la filosofía constitucional. Sin embargo, se han aplicado y el Estado se ha convertido —lamentablemente— en un simple testigo de las luchas de las fuerzas económicas, y sus funciones de control y regulación se han venido disminuyendo; no obstante lo anterior, sigue vigente el texto económico de la Constitución en los artículos 25, 26, 27 y 28.
Al concluir este periodo legislativo de la LXI legislatura, una vez más están en el tapete algunas de estas propuestas con visión dividida, por eso no se aprobará la reforma laboral ni tampoco la fiscal. Cuando estas líneas se publiquen es muy probable que cuando menos en el Senado, la reforma política limitada se habrá convertido en minuta, y en ella se establecen reformas políticas importantes como la fórmula de sustitución del Ejecutivo federal, las candidaturas independientes, la iniciativa popular, el referéndum y el plebiscito, estas dos últimas las aprobamos la legislatura pasada en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados. También se había aprobado la Iniciativa Preferencial del Ejecutivo, pero estaba sujeta a que también se aprobara la eliminación del veto de bolsillo, esto es, que no quede al arbitrio del Ejecutivo federal la publicación de las nuevas leyes, sino que ese poder esté obligado a publicarlas en un término perentorio, y de no ser así, el Congreso de la Unión pueda ordenar de inmediato su publicación para darle su vigencia plena.
Otro de los temas que requiere quizá una reflexión más profunda es la reelección de legisladores, pues las teorías que han apoyado esta reforma se refieren más a la condición política que guardan los diputados de elección directa que los plurinominales.
En cualquier caso, estas reformas nacidas del decálogo calderonista serán útiles y dejan afuera barbaridades jurídicas como la afirmativa ficta, que se daba para el caso de que no se dictaminaran las iniciativas preferentes. Esta propuesta era absolutamente violatoria de la soberanía del Congreso y afortunadamente fue desechada en la propuesta final; también quedaron en el tintero la aprobación del gabinete por parte del Congreso y la segunda vuelta electoral, así como la reelección de los presidentes municipales.
Es bueno que sean aprobadas estas propuestas, pero lo que siempre resulta complicado es el procedimiento, pues al final, una vez que las comisiones aprueban los proyectos y que éstas reflejan las relaciones de los coordinadores de los grupos parlamentarios, muchísimos de los legisladores en el pleno no tienen la menor idea de lo que aprueban, lo cual es grave en el caso de reformas constitucionales; claro está que ningún diputado o senador por sí mismo, tiene la capacidad de ser experto en todos los temas, pero sí debería de existir una mayor conciencia de los legisladores que evitaran lo que en el argot parlamentario y beisbolístico se llaman “bolas rápidas”, que no son otra cosa que sorpresas de última hora, que se presentan a los plenos sin estudio y conciencia de la mayoría de sus integrantes.
Las reformas y la brújula del país no pueden, ni deben, ser dictadas por grupúsculos, la representación parlamentaria debe tener mayor injerencia y capacidad de crítica para mejorar nuestro proceso legislativo, y esto sólo se puede lograr con asesores más preparados y con legisladores más activos.
Estamos al final de esta legislatura, y como hemos afirmado en otras ocasiones existe una ley no escrita: a mayor cercanía del proceso federal electoral para elegir al Presidente del República, menor posibilidad para acuerdos parlamentarios.
Las reformas estructurales no pueden, ni deben, ser simples herramientas del sistema neoliberal, menos aún, regidas por una Constitución que mantiene principios distintos, apegados a la historia del pueblo de México.
Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas, sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad, sin lo cual se vuelven sólo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.
El tema del momento en el país son las reformas estructurales: Energética, Fiscal, Financiera y Educativa. La administración federal parece tener mucha prisa en pasar todas las reformas lo más rápido posible, sin importar lo relevante de la secuencia de las mismas. La discusión pública se centra alrededor de éstas y sus consecuencias para el país, en particular en sus perspectivas de desarrollo y crecimiento económico. Muy poca atención se le da a la secuencia de las reformas sobre todo en el marco legal y la capacidad de aplicación y garantía de derechos de propiedad. Sin lo anterior las reformas se vuelven solo grandes oportunidades de opacidad y corrupción.
Las reformas estructurales han estado en el centro del debate entre economistas, politólogos y hacedores de políticas públicas en el mundo por al menos dos décadas y los resultados han sido mixtos. Existe evidencia contradictoria sobre el impacto en crecimiento de dichas reformas, países que las han realizado han crecido y otros han seguido igual. De la misma forma países que se han negado a hacerlas han crecido y otros no. De ninguna manera se puede argumentar que las reformas estructurales sean una panacea y mucho menos que expliquen el crecimiento; éste último es quizá el misterio más grande en la ciencia económica.
Esta discusión en el mundo comenzó en gran medida a principios de los años ochenta con las grandes crisis de deuda latinoamericanas y los programas de ajuste estructural (SAPs) del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Impulsaban una agenda de disminución en los roles de intervención del estado en la economía. Este ímpetu desregulador en algunos casos necesario, partía de lo que Joseph Stiglitz llama fundamentalismo de mercado; o la idea de que el estado sólo empeora las cosas al intervenir y los mercados son totalmente capaces de autorregularse y mantener una total eficiencia.
La experiencia mexicana en reformas como la energética tal como se plantea no ha sido buena. En lugar de obtener mercados más competitivos se han trasladado meramente de monopolios del estado a monopolios privados que han sido igualmente ineficientes, la diferencia que los privados si han sido más eficientes en la captura de rentas. Manteniendo una economía igualmente concentrada y de baja competencia, este es el caso de Teléfonos de México y de la banca.
Esta falta de interés en la relevancia de la secuencia de las reformas, sumado a la defensa que hacen muchos opinadores y hacedores de políticas públicas sobre la urgencia de las mismas muestra un clara falta de entendimiento sobre el funcionamiento de la economía de mercado. Sobre cómo las reformas institucionales pueden mejorar o empeorar su funcionamiento.
Una economía de mercado presenta muchos problemas de coordinación que surgen de la información asimétrica, pero que van más allá de las fallas de mercado y llegan a problemas de gobierno corporativo, de la acción colectiva y de la infraestructura institucional y legal con la que se cuenta. Sin un claro sistema de impartición de justicia, transparencia en la asignación de contratos públicos, derechos de propiedad fuertes y claros, así como la capacidad para hacerlos valer, una serie de reformas lejos de mejorar la competencia en los mercados pueden disminuirla, corriendo el riesgo de transformar al país en una economía extractora de rentas y no en una economía realmente industrializada.
La estrategia de la administración federal al presentar tantas reformas al mismo tiempo tiene cierta reminiscencia a la terapia de choque impulsada por los SAP en los años ochenta, las cuales lejos de crear condiciones de crecimiento, crearon en la región una década perdida. Una estrategia más orgánica, que permita la adaptabilidad y soporte entre sí de las reformas sería mucho más coherente con el objetivo de lograr crecimiento económico y bienestar.
La creación de una fuerte economía de mercado tiene por necesidad que ser un medio para fines más trascendentes, como mayor equidad, mejoras en la calidad de vida y en la igualdad de oportunidades. A este respecto, grandes economistas de distintas tradiciones, más estatistas o más pro mercado como Keynes, Schumpeter y Hayek, se encontraban de acuerdo: la transformación institucional, y dentro de éste el Estado de Derecho, son necesarios para la existencia de una economía de mercado funcional.
Lo que México ha experimentado durante décadas es un capitalismo de amigos, “cronismo” en su más pura expresión. Reformas como la energética tienen poco sentido si antes no le antecede una reforma fiscal. De la misma forma, estas dos tienen pocas perspectivas de éxito si antes no existe una reforma política y una al sistema de impartición de justicia, que pueda evitar el debilitamiento del Estado, limitando y castigando la corrupción e impidiendo la captura regulatoria que limita el funcionamiento y la operación adecuado del estado en múltiples áreas.
Para poder operar y hacer eficiente la competencia económica con todo lo que implica, hace falta un andamiaje legal e institucional en su sentido más amplio. Las reformas deben apoyarse unas a otras para funcionar. Pretender un funcionamiento sin tener en cuenta esto es construir una casa de naipes, no existen cimientos sólidos para que funcionen correctamente solo para crear incentivos a la extracción de rentas, producto de la debilidad institucional del país.
Parafraseando a Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía en 1972: “Los sistemas de propiedad no son en lo general completamente autoaplicables. Estos dependen para su definición en constelaciones de procedimientos legales, civiles y criminales. La ley no puede ser pensada como sujeta a un sistema de precios, el sistema de precios es incompleto y por esta razón debe ser apoyado en un contrato social.”
Justo en este punto estriba una de las grandes debilidades de México, que repercute en lo económico y en todo lo demás. México tiene un sistema de aplicación legal débil, sus capacidades son limitadas y los procesos de reforma estructural lanzados de forma simultánea incrementan su opacidad, limitando la discusión pública y creando incentivos para el comportamiento extractor de rentas. El contrato social en México en muchos casos no funciona.
Ciertas reformas son muy necesarias en México, sobre todo a cuestiones fundamentales como la aplicación de la ley y el cobro de impuestos. Pero aún si asumimos que las reformas, tales como se plantean, respondieron a un diagnóstico correcto de nuestra economía, el enredo que se crea al tratar de pasarlas de forma rápida y simultánea fomenta un clima propicio para que estas fallen y se repitan los fallos históricos en los procesos de reforma en el país y en el mundo. En términos de cambios institucionales, lo importante es su éxito y capacidad transformadora no su velocidad.
*Las opiniones expresadas son sólo responsabilidad de sus autores y son completamente independientes de la postura y la línea editorial de Forbes México.
Reformas crearan empleos precarios que afectarán a los jovenes con protecciónn social mÃnima: UAM.
Especialistas cuestionan la Cruzada Nacional contra el Hambre.
Durante los Dialogos Publicos por un Mexico Social, senadores, especialistas y academicos intercambiaron puntos de vista sobre el papel que jugarán las reformas estructurales en temas relacionados con acceso universal a la salud, condiciones laborales actuales, protección a la familia y derecho a la alimentación.
En el diálogo de Derecho al trabajo, la salud, la seguridad y la inclusión socialâ€, el investigador del Departamento de Atención a la Salud, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Gustavo Leal Fernández advirtió que en la actualidad existe un esquema de protección social mÃnimo: Seguro Popular, Seguro de Desempleo, la Pensión Universal; lo que aunado a la reforma laboral va a afectar a los jóvenes por los nuevos tipos de contratación.
Se ofrecen reformas estructurales que van a traer beneficios, pero al final solamente crearán empleos precarios “de cuatro mil pesos mensualesâ€, advirtió ante legisladores. Respecto de una probable reforma al sector salud, dijo que se trata de una propuesta inviable, que restringe derechos; es decir, “lo que están haciendo es imponer una agenda financiera al sector salud y de la seguridad social sin escuchar a nadieâ€.
“Ustedes no tienen una agenda a la altura de lo que un ciudadano mexicano requiere en este momento en materia de salud y seguridad social y estamos ante un reto de mucho calibre, y esperemos que haya tiempo para re-diagnosticar los problemas estructurales de la economÃa mexicanaâ€, apuntó Leal Fernández.
El director general de Gestión de Servicios de Salud del Seguro Popular, Javier Lozano Herrera, informó que se ha desarrollado una agenda de reformas de manera conjunta entre las secretarÃas de Salud y de Hacienda y con los institutos Mexicano del Seguro Social y de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, encaminada a crear un sistema nacional de salud universal.
Uno de los objetivos, precisó, es la creación de una nueva Ley General de Salud, donde se precise y fortalezca la rectorÃa sectorial y se definan las competencias de la Federación y las entidades federativas en este tema.
Coinciden en que la Cruzada contra el hambre no acabará con este problema
Posteriormente, en el Diálogo “Protección a la Familia y Derecho a la Alimentaciónâ€, la senadora Lorena Cuellar Cisneros comentó que la Cruzada Nacional contra el Hambre se ha presentado mediáticamente como una estrategia integral de inclusión y de bienestar social; sin embargo en los hechos ocurre otra cosa puesto que se trata de una polÃtica focalizada, no es universal y tiene “un marcado carácter asistencialistaâ€.
Ello --subrayó la legisladora del Partido de la Revolución Democrática-- ha provocado que distintos sectores de la sociedad manifiesten a lo largo del paÃs su inconformidad por el presunto manejo con fines polÃtico-electorales de este programa del gobierno federal.
El costo a la larga es mayor que la inversión que se genera, debido a las enfermedades crónico-degenerativas que produce la mala calidad de alimentación, promovida por este tipo de negocios.
Para Abelardo Ãvila Curiel, del Instituto Nacional de Nutrición, el derecho a la alimentación se diluyó en una serie de aspectos de legitimación del Estado, de proyectos sexenales o personales, donde las transferencias económicas y la asistencia alimentaria directa se transformó en el eje de actuar de las administraciones públicas.
Se diluyó el problema del hambre al ampliar a grandes conceptos sus objetivos; es decir, se habla de millones de pesos que se gastarán, pero en la realidad no se mejoran las condiciones de la población por el hecho de estar recibiendo este tipo de apoyos, precisó.
MarÃa de Jesús Santiago Cruz, investigadora del Posgrado de EconomÃa, manifestó que no es suficiente con entregar una canasta básica para satisfacer en ese momento una necesidad de las personas, sino contar con una visión integral de largo plazo que busque solucionar de fondo el problema del hambre.
La falta de coordinación ha disminuido los resultados en los programas de desarrollo rural, de ahà la necesidad de que el Senado implemente ideas innovadoras que permitan coordinar a las instancias que participan en la solución del problema del hambre.
Muchas personas piensan que al anular el voto se esta dando un castigo directo a los Partidos Políticos. La anulación del voto, o el voto en blanco esta siendo contraproducente y esta idea ha sido manejada de forma maquiavelica para convenir a intereses propios de algunos Partidos Políticos, lejos de beneficiar a la democracia del país es una trampa para objetivos oscuros y mezquinos, veamos diversas opiniones de expertos:
En las elecciones de hoy se presentan
dos maneras de apoyar a los grandes partidos, que son los mayores responsables
de la corrupción, el clientelismo, la inseguridad y el aumento del abismo entre
ricos y pobres.
Una manera es votar por ellos. La
otra, votar en blanco.
No quiero generalizar. Es posible
encontrar buenos elementos en las listas de los grupos tradicionales. Pero allí
mismo anidan muchos incapaces, indelicados, sectarios, retrógrados de oscuro
pasado, titiriteros de la política... Resulta clave, pues, separar la paja del
heno. Votando por nombres que ofrezcan garantías en los partidos del sistema se
consigue por lo menos una selección decorosa, aunque después, con el Congreso
en funciones, los elegidos votarán con su bancada o cometerán pecados
colectivos movidos por la fidelidad partidista.
La otra manera de apoyar a los
principales causantes de nuestros problemas es votar en blanco. El voto en
blanco parece atractivo y rebelde, pero sus resultados son lo contrario de lo
que ofrece. Gente de buenas intenciones está invitando a esgrimir el voto en
blanco dizque como repudio a la clase política. Los ciudadanos ingenuos les
creen, convencidos de que golpearán a los políticos de siempre, pero lo que
logran es reforzarlos y atentar contra múltiples grupos alternativos cuyas
posibilidades de representación parlamentaria disminuyen con cada voto en
blanco depositado.
¿Por qué? Porque, hábilmente, los
diseñadores de la mecánica electoral dispusieron que los votos blancos se
añadieran a la suma que fija el umbral de acceso al Congreso. Esto es, la cifra
por debajo de la cual queda eliminado todo partido minoritario. La jugada es
ejemplo maestro de la maquinaria politiquera, pues, al añadir las papeletas
blancas al retén de sufragios, los indignados que votaron con esas papeletas
acaban conspirando contra quienes comparten su indignación y sirviendo a los
que querían descalificar. El haraquiri perfecto, el suicidio romántico.
¿Cuál es, entonces, la receta?
Primero, entender que es mejor estar presente en el Congreso a través de
alguien de su simpatía, que ausente y lamentándose. Segundo, abstenerse de
votar en blanco. Tercero, no respaldar a los familiares de políticos corruptos
que aspiran a una curul. No es que yo crea que, necesariamente, pariente de
tigre sale pintado: debe de haber tipos excelentes nacidos de progenitores
torcidos. Pero cuantos se han lanzado manifiestan que aspiran a reivindicar el
nombre de su padre, madre, esposa o hermano presos, y al Capitolio solo deben
asistir los que quieran reivindicar al país o a grandes sectores sociales
nacionales. Para combatir supuestas infamias personales o lavar el nombre de un
familiar detenido están los juzgados.
Con base en la información del Instituto Federal electoral. la lista nominal de ciudadanos con derecho a voto consta de 77 millones 481 mil 874 personas. Algunos analistas han pronosticado que en la próxima elección del 5 de julio habra entre 65 y 70 por ciento de abstención, lo que significaría, en la máxima abstención calculada, que solo asistirían a votar poco más de 23.3 millones de ciudadanos. Los partidarios del voto nulo, por tanto, se dirigen a éstos y no a los más de 54 millones de mexicanos que probablemente se abstengan de sufragar.
Entre los promotores del voto nulo, en otros países también llamado voto en blanco, hay algunos que cuentan conblogs y otro tipo de representaciones en Internet, unos con más fundamento que otros. En todos los casos se lee una cierta posición en contra del sistema político y de los partidos, y se fundan sus esperanzas en la ciudadanía como si los políticos no formaran parte de ésta o fueran extraterrestres.
Esta propuesta tiene varios puntos
flojos. El primero es creer que la ciudadanía no vive parcialidades subjetivas
e intereses individuales de diversas orientaciones; es decir, se soslaya que es
pluriclasista y que no son comparables los habitantes de los estados prósperos
del país, incluido el Distrito Federal y buena parte de su zona metropolitana,
y los de las entidades federativas donde radica el mayor número de pobres y de
marginados de México. Más aún, se pasa por alto que en una misma ciudad no son
semejantes los que viven en Las Lomas y Polanco, por ejemplo, con los
habitantes de Iztapalapa o Milpa Alta, para sólo referirme a la ciudad de
México. Ligado con esto, se omite que sólo un poco menos de 25 por ciento
promedio de la población tiene acceso a Internet, y que incluso en este
porcentaje general deben distinguirse las zonas del país más prósperas de las
más marginadas. Los seis estados de la frontera norte y el Distrito Federal no
tienen comparación, por cuanto a acceso a Internet, con los estados del centro
y sur del país. En los primeros el acceso a la red es de casi el doble que en
los demás. De ese 25 por ciento de la población que usa Internet, incluidos
muchos menores de 18 años, ¿cuántos y por qué artes o inspiración, consultarán
los blogs que llaman a anular el voto? ¿Cuántos están
interesados en las páginas de contenido político, incluidos los periódicos que
pueden ser consultados por medios electrónicos? ¡Qué bueno que existan páginas
con intenciones de orientar o desorientar políticamente a la población! Pero,
por favor, bájense de su pedestal. Pecar de soberbia puede ser peligroso, y el
menor de sus riesgos sería ser víctima de la ingenuidad y del wishful
thinking; es como si yo creyera que todos los lectores de La
Jornada me leen y, peor, que influyo en ellos. Si en Estados Unidos
muchos pensaron que mediante Internet y redes sociales podían llevar a Obama a
la Casa Blanca (como en buena medida ocurrió), tenían una base de realidad que
México no tiene; esto es, que 220 millones de estadunidenses (72.5 por ciento
de la población total) tenían acceso a Internet en 2008 (datos de Internet
World Stats).
Llamar a anular el voto es dejar,
deliberadamente, que los que sí votan, por pocos que sean, elijan a los
diputados por todos los demás, es decir por los abstencionistas y por quienes
anulen su voto. Es dar un cheque en blanco a quienes triunfen de la próxima
contienda. Estos dirán: si no votaste por mí no te debo nada, aunque por lo
general digan lo mismo a los que sí votaron por ellos, pues nuestros diputados,
con algunas excepciones, son bastante cínicos y nada o muy poco comprometidos
con sus electores.
El cinismo de la mayor parte de
nuestros políticos es ampliamente conocido, al igual que la poca o nula
eficacia de las instituciones creadas teóricamente para atender las necesidades
de la población. ¿Por qué, entonces, los promotores de la abstención o del voto
nulo piensan que los van a afectar y/o a sensibilizar con ellátigo del
desprecio ciudadano al no acudir a las urnas o al echar a perder su voto?
La abstención, como el voto nulo, no
conmueve a nadie ni cuestiona en serio la legitimidad de un candidato ganador.
Cuando los serbios quisieron buscar la mayor participación legitimadora de los
votos para la presidencia de la república, estableciendo que si en la segunda
vuelta de la elección presidencial no sufragaba por lo menos la mitad de los
votantes los partidos/candidatos tendrían que ir a nuevos comicios, se
frustraron, ya que en las dos elecciones presidenciales llevadas a cabo en 2002
no se alcanzó el voto de 50 por ciento del registro de electores. En
consecuencia, para las elecciones de 2003, la Asamblea Nacional de ese país
modificó la ley estableciendo que ese 50 por ciento de votantes debía ser el
mínimo en la primera vuelta, y no en la segunda como estaba estipulado. Sólo en
los regímenes totalitarios monopartidistas la abstención es menor a 10 por
ciento. En las democracias, por imperfectas o perfectas que sean, suele ser
mucho mayor y ningún gobernante es de mayoría real, mucho menos un diputado,
pero ahí están.
Si de veras se quisiera reprobar y
rechazar en todos sentidos a la llamada clase política, mejor hubiera sido
organizar desde hace tiempo (y no al cuarto para las 12) un grande y masivo
movimiento en su contra y no convocar a la abstención o al voto nulo (que será
secreto e íntimo) y que, al final, lo único que producirá será una satisfacción
muy personal, pero no un movimiento organizado en contra del sistema. Y si el
rechazo es sólo individual, aunque por su suma parezca colectivo, deberá
tomarse en cuenta que los gobiernos siempre podrán absorber y paliar esa
inconformidad individual, como bien lo hizo Salinas con su Programa Nacional de
Solidaridad, para sólo poner un ejemplo de un candidato que, con todo y
fraudes, no obtuvo siquiera el voto de 25 por ciento del padrón electoral en
1988.
En los medios masivos de
comunicación se ha extendido la idea de que los partidos políticos son
territorios donde predomina la corrupción y la ineficiencia. Muchos creen que
los políticos deben ser castigados por haber dado la espalda a la ciudadanía y
por ocuparse solamente de sus intereses. El desprecio por la política refleja
una extendida decepción ante la democracia, que no parece cumplir las
esperanzas que se depositaron en ella, un menosprecio que los políticos, con su
demagogia, alientan todos los días. Estas ideas y sentimientos se expresan de
muy diversas maneras y se ligan a corrientes de pensamiento de muy distinto
signo ideológico. Tienen en común el desencanto y la frustración. ¿Cómo votar
si ninguna opción nos convence? Este es un predicamento propio de las
sociedades democráticas y debemos acostumbrarnos a una nueva civilidad que
obligue a reflexionar detenidamente sobre la manera de encontrar que el voto
sea útil a pesar de las inclemencias del clima político.
En esta generalizada
desconfianza de la política confluyen los indignados que protestan por el
desempleo, los que esperan que la democracia solucione los problemas del
desarrollo económico, los marginados que viven en la pobreza, muchas
organizaciones gubernamentales, quienes exaltan la voluntad individual para
alcanzar el éxito, los que desean un Estado restringido que no intervenga en la
economía o en la seguridad social y quienes impulsan un vigilantismo que
procura tomar en manos privadas la persecución de delincuentes.
Esta marea heteróclita de
opiniones e intereses suele estimular la abstención electoral, la indiferencia
ante los procesos políticos y la rabia que clama por la anulación del voto. El
hecho es que no faltan motivos para impulsar la marginación política, el
importamadrismo y el rencor. Ciertamente en muchos lugares del mundo hay una
clase política de baja calidad y partidos políticos llenos de basura que hacen
pensar que es inútil el ejercicio del voto.
Todo ello es evidente en el
México que se enfrenta a las elecciones presidenciales. Y a pesar de todo es
importante señalar claramente que las corrientes y movimientos que fomentan las
abstención y la anulación del voto contribuyen a minar las todavía no muy
sólidas bases de la democracia en México. Además, indirectamente contribuyen a
que el partido que va a la cabeza de las intenciones de voto obtenga un mayor
porcentaje de diputados. La abstención y el voto nulo, en estas elecciones,
favorecen al PRI. Movimientos como el que encabeza el poeta Javier Sicilia, con
su loable protesta contra la violencia, detestan a los partidos, a los que
consideran esencialmente antidemocráticos, oligárquicos y corruptos.
Hay otros contendientes en la
lucha por el poder que también desprecian a los partidos y las esferas de la
política, y que se presentan como representantes de la “ciudadanía”, de la
“sociedad civil” o del “pueblo”. No nos debe sorprender que estas actitudes
antipolíticas hayan logrado ahuyentar a muchos votantes que están indecisos o
que desconfían con buenas razones de los círculos del poder. Las intensas
movilizaciones por deslegitimar las elecciones de 2006 contribuyeron a que una
gran parte de la sociedad se alejase desencantada de los mismos partidos y
grupos que las fomentaron. Con ello auspiciaron sin darse cuenta la expansión
de aquellas tendencias que, después de más de setenta años de ejercer
autoritariamente el poder, configuraron lo más corrupto del sistema político y
los más antidemocráticos estilos de hacer política. Por otro lado, la
televisión, la radio y la prensa, con sus frecuentes burlas del comportamiento
absurdo o ridículo de los políticos, expresan los sentimientos de los sectores
más derechistas delEMPRESARIADOy de la clase media. Estos mismos
sectores, a la sombra del partido en el poder, protegieron a los monopolios de
la televisión, que son responsables de las más atrasadas formas de manipulación
política. Han logrado que las elecciones parezcan insulsas y aburridas, que los
candidatos a la presidencia se adapten al estilo fragmentado y obtuso que les
exigen y que una parte de la sociedad sienta una morbosa pero secreta
satisfacción por los enfrentamientos entre delincuentes que han producido más
de cincuenta mil homicidios.
No debemos extrañarnos que mucha gente quiera anular el voto o
simplemente abstenerse, sin percatarse que con ello fomentarán las
posibilidades de que el partido del antiguo régimen autoritario retorne al
poder. ~
Roberto Villaseñor, presidente del Consejo Nacional de Organizaciones tiene un firme propósito de conjuntar liderazgos de personas, asociaciones, et, que esten realmente abiertos al cambio y a la transformación de un mejor país
El Consejo Nacional de Organizaciones festejó el fin de ciclo 2014 en el Hotel Diplomático de la Cd. de México, el día 17 de diciembre, haciendo una convocatoria de lideres políticos y sociales, para hacer hincapié de la problemática que existe en el país, así mismo fortalecer lazos de quienes quieran unirse para consolidar un Nuevo Constituyente en base a muchas aptitudes, opiniones, cualidades, experiencias, diversas y enriquecedoras capacidades; uniendo este amplio mosaico para poder hacer un trabajo que el país demanda con urgencia. Es por ello que hacemos un llamado a todos los lideres presentes en la reunión, así como a los liderazgos que quieran sumarse y aportar este importante proyecto.
